¿De quién es la plaza del bicentenario?

¿De quién es la plaza del bicentenario?

Es indiscutible que la Plaza de Mayo es el lugar simbólico por antonomasia que distintas fracciones de la sociedad argentina eligieron a lo largo de los años como espacio para realizar demandas o apoyar a distintos gobiernos y personalidades vinculadas al poder. El libro de Gabriel Lerman, La plaza política, de la colección Puñaladas de Editorial Colihue, sirve de guía de aquellos hitos que la cultura política cristalizó en ese lugar. No es difícil consensuar que las fechas más significativas que tuvieron a la plaza como escenario fueron el 25 de mayo, el 17 de octubre, el 20 de diciembre y los 24 de marzo. Aunque también existieron movilizaciones hacia la Plaza contrapuestas al valor simbólico e ideológico que esas fechas resumen. Sin ir más lejos, las minoritarias manifestaciones que apoyaron los golpes de estado o la lamentablemente masiva de la nunca declarada guerra de Malvinas.

En cuanto a los grupos sociales exponenciales que le dieron sentido político a la Plaza de Mayo, ocupándola y habitándola, se puede mencionar primero al movimiento obrero que abrazó la política sindicalista de Perón, metonimizado en la famosa figura de las patas en la fuente; y, años más tarde, a las Madres de Plaza de Mayo, que resistieron la represión durante la última dictadura circulando alrededor de la pirámide. Las Madres en su conjunto -a pesar de las internas que sufren los organismos de derechos humanos- ostentan la legitimidad de llevar la posta a la hora de manifestarse en la Plaza, no sólo por ser nominalmente de la Plaza, sino por la extensa lucha que sostienen y el capital político que consiguieron con la Casa Rosada como fondo. Son como habitantes vitalicias.

Pero claro, la Plaza es un espacio público, y en tanto vivimos en un estado de derecho (nos guste o no), sólo el Estado tiene derecho sobre ella. Por eso puede extender un vallado que la corta en la mitad para evitar que las manifestaciones se acerquen a la casa de gobierno, como sucedió en 2001. Y tal vez, quién sabe, así como la dictadura de Videla le agregó canteros para evitar movilizaciones, en un futuro amanezca con una reja perimetral como el resto de las plazas porteñas.

Lo que sucedió el último martes 15 en la Plaza se da en un marco distinto, de abulia, fragmentación, dispersión política, pero con antagonismos marcados y falsamente dicotómicos. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, alineada con el gobierno, se concentró para apoyar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por las amenazas sufridas durante un viaje en helicóptero. Mientras tanto, el dirigente del MIJD (con sus banderas cada vez más amarillo pro, en función de las tierras pertenecientes al ex centro clandestino de detención Club Atlético que el gobierno de Macri le cedió a ese grupo) Raúl Castells se encuentra haciendo una huelga de hambre por los habitantes del Chaco Impenetrable. Por otro lado, y como testigos mudos, ex colimbas durante el conflicto de Malvinas que prestaron servicios en la zona continental, acampan hace meses para que se los reconozca como ex combatientes y puedan recibir un subsidio. Y, para sumar a la heterogeneidad de la concurrencia, el martes 15 se autoconvocó también un grupo de bolivianos que se manifestaban por el asesinato a manos de la policía del albañil Juvelio Aguayo, de esa nacionalidad, al que acusaban de narco, y cuyo cuerpo trasladaron en un cajón para velarlo allí mismo. La frutilla del postre la pusieron, como siempre, los medios de comunicación.

Más allá del exabrupto injustificable de Hebe de Bonafini al querer echar con insultos a los familiares que protestaban por un caso de gatillo fácil, con el argumento de que "la plaza es nuestra" y de que "ésta es la plaza de la vida, no de la muerte", el hecho se degeneró más de lo que estaba en la máquina mediática. En una especie de reedición más pequeña de lo que fue la "toma" ruralista de la Plaza a mediados de 2008 y la posterior "recuperación" por parte de las organizaciones afines al gobierno (¿el regreso decimonónico a la Plaza de[l Frente para] la Victoria?), lo de ayer fue una disputa territorial entre kirchneristas (Hebe) y antikirchneristas (Castells) por un espacio emblemático. Aunque esa disputa tiene varios antecedentes ya desde la década del setenta, cuando las dos grandes fracciones del movimiento peronista se cantaban y se tiraban alguna que otra piedra desde Rivadavia hacia Yrigoyen y viceversa. Pero convivían en la Plaza por un denominador común, curiosamente, de nombre adversativo como la primera palabra de esta oración.

Pero (¡otra vez!) volviendo al martes 15, Castells aprovechó para las cámaras la oportunidad para hacer suyo el reclamo de la familia boliviana, en vistas de que los militantes de la Asociación de Madres creyeron que el ataúd podía ser una provocación opositora. El asunto es que antes de ese encontronazo, hubo problemas entre el MIJD y las Madres por la delimitación de la Plaza y, seguramente, chispazos entre sus respectivos adelantazgos. Y en ese barullo, los medios aprovecharon su posición contraria al gobierno para denostar a Hebe y que sus dichos fueran la noticia. Sus dichos, que fueron un lamentable intento de invisibilizar un reclamo que hace algunos años, cuando no había implicancias con los gobiernos de turno y la comunidad boliviana tenía menos incidencia en el espacio público que hoy, hubiera sido mediado precisamente por los organismos de derechos humanos y levantando como otra bandera de lucha. Días más tarde se supo que los insultos se dirigían contra Alfredo Ayala, presidente de la Asociación Civil Federativa Boliviana, quien está acusado en varias causas judiciales de explotar talleres clandestinos donde trabajan personas en situación de esclavitud. Como todo grupo social, la comunidad boliviana encuentra disputas también en su interior. Es probable que Ayala se hubiera encontrado allí como representante de una de las tantas asociaciones bolivianas para apoyar a la familia Aguayo (apoyo que tal vez haya sido tan oportunista como el de Castells). Y más allá de que la trata de personas es repudiable, no existió en el momento una acusación directa al respecto contra su persona; y en el caso de que se hubiera hecho, no se puede hacer transitiva esa culpabilidad a una familia que está reclamando por un asesinato a manos de las fuerzas de seguridad estatales. Mientras tanto, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia ya solicitó a la cancillería argentina que investigue el asesinato y los hechos ocurridos el martes. Y seguramente algunos puntos opacos sobre lo sucedido se aclaren con el correr de los días.

La Plaza de Mayo es un espacio de visibilización, y como tal, es el lugar que han elegido distintos grupos sociales a lo largo de la historia argentina para instalar en la esfera pública sus demandas. La comunidad boliviana en Buenos Aires recién en los últimos años pudo generar una cierta repercusión social y una visibilidad de la comunidad hacia el resto de la sociedad, con las distintas movilizaciones que protagonizaron a partir de la llamada guerra del gas en 2003 ocurrida en Bolivia, y que terminó con la caída del presidente Sánchez de Losada. En este caso que comentamos, la demanda de la familia boliviana fue desautorizada por una referente con una autoridad ganada por años de lucha y con la potestad indiscutible de desautorizar a grupos que reivindican la tortura, la represión y el terrorismo de estado (pero resulta incomprensible que lo haya hecho con este caso particular); y, como plus, la demanda quedó invisibilizada gracias a los medios, que resaltaron otros puntos de los sucesos.

Doscientos años después del 25 de mayo los colores de las divisas que alumbra la Plaza de Mayo constituyen un auténtico papel tornasolado. La disputa territorial es puramente política y se debe jugar según esas reglas, que no por eso deja de lado el posicionamiento de fuerzas a través de los cuerpos. De hecho, el espacio público se toma, se ocupa, se pelea y se gana con el cuerpo. El derecho extra-jurídico (que comienza como un desvío marginal frente al orden impuesto por el Estado) a establecerse en la plaza se ejerce con la movilización, su visibilización social y la posterior obtención de un capital político que logra instalar el tema en cuestión en la agenda política. La familia boliviana que fue a velar a su ser querido lejos estaba de pintar de negro los pañuelos de las Madres, como ocurrió con los familiares de los militares muertos por las guerrillas en los setenta, liderados por Cecilia Pando. Las Madres seguirán siendo la punta de lanza de todas las manifestaciones que busquen justicia. Las huellas de los pañuelos sobre las baldosas son indelebles. Pero no como escritura de propiedad, sino como faro para el resto de las luchas populares, por más fragmentadas que estén (y justamente, los pañuelos siempre fueron un gran factor aglutinante). Y no hablamos estrictamente de la lucha de Castells -cobijado hace tiempo por el fascismo partidario, más allá de que personifique el reclamo de personas con necesidades básicas insatisfechas-, sino de las eventuales voces de los sin-voz que toman el espacio público poniendo el cuerpo, para hacerse escuchar con un clamor pelado de justicia o con una denuncia contra los atropellos del Estado, en el vórtice del remolino urbano y mediático.

Apostillas mediáticas sobre el caso:

-Los medios masivos de comunicación, en su mayoría contrarios al gobierno, resaltaron el dislate de Hebe de Bonafini. Todo se redujo a un enfrentamiento entre ella y Castells. Mientras tanto, el caso de gatillo fácil quedó solapado. Una vez más. Como muestra, TN recién al día siguiente puso al aire una nota filmada el 12 de diciembre informando sobre el asesinato del albañil boliviano a manos de la policía, "para que la gente sepa" el origen del "conflicto Hebe-Castells". Si no, difícilmente lo hubieran pasado al aire.

-C5N es el canal de cable de Daniel Hadad, al que accedió gracias a un acuerdo con el gobierno de Néstor Kirchner. Pero es evidente que el acuerdo fue que el canal se comprometía a no criticar la marcha de la economía del gobierno, a cambio de poder decir lo que se les cantara en materia de derechos humanos. Por ejemplo, cubren cuanta marcha organiza Pando y retrataron historias de vida de [gabis, fofós y] miliquitos "caídos durante la guerra antisubversiva". En este caso, mientras filmaban lo sucedido el 15, Eduardo Feimann decía -regalón de epítetos- que por ahí andaba "el parricida Schoklender"; y tomó como fuente para que contara lo ocurrido a Raúl Castells. Éste, más allá de la alharaca que hizo del cruce con la titular de Madres, elogió a Schoklender por haber calmado los ánimos y negociado la delimitación de la Plaza (el fascista Feimann refunfuñó por lo bajo). Y cuando terminaba la entrevista ambos cruzaron este saludo para la posteridad surrealista:

-Buenas tardes, Raúl. Usted sabe que lo estimo.

-Gracias, Eduardo, me siento honrado por su respeto.

¿No damos cátedra?

–¿No damos cátedra?

–Sí. Ese ha sido el nombre que hemos querido darnos, hace ya más de un año. Pero antes de ponernos a explicar el por qué de éste, quisiéramos acercarles una pregunta, que es también un problema, que aún hoy nos inquieta y nos reclama seguir pensando: ¿es posible hacer experiencia de otros modos de producción de conocimiento no parcelados por la máquina-academia? Decimos que la academia es una máquina que opera cercando las tierras comunales del intelecto. De la misma forma en que el trabajo vivo produce a su opuesto –el capital, trabajo muerto acumulado-, la academia se nos aparece como la privatización de la inteligencia del común. Esta mercantilización requiere, asimismo, que la máquina produzca la escasez de su producto, es decir, que recorte de entre un inagotable fondo –sin fondo- de saberes comunes, una propiedad plena de sabiduría. La certificación académica, el anhelado título, compondrá así con el capital una perfecta máquina: soportará una dominación basada en el principio de la desigualdad de las inteligencias. El mando del capital sabrá vestirse así con los ropajes de la racionalidad y/o de la naturaleza. En todas partes no habrá ya más que ordenamiento policial de los cuerpos –ese mal hábito de la/s jerarquía/s-; a cada cual le corresponderá, pues, hacerse del lugar que le ha sido asignado como propio en el reparto, ocuparse de lo suyo. Estudiante será quien sepa consagrarse a la servidumbre.

¡Pero si son Uds. unos privilegiados! ¡Hablan de la academia cuando persiguen el mismo título del que reniegan! –se nos dirá. Es cierto. Pero cuando no hay afuera del capital ¿adónde podríamos ir? Indefectiblemente en él, intentamos pasar de un espacio a otro, haciendo lo posible por no golpearnos. Habitamos la máquina, somos producidos por sus dispositivos. Empero, así como el hecho de que el capital produzca industrialmente modos de vida no elimina la emergencia del antagonismo, habitar la máquina no impide que le hagamos sabotaje. Al igual que cualquiera, somos capaces de resistir al dominio del capital creando alguna otra cosa. Un desafío nos consume: desalambrar las tierras comunales del intelecto. No profesamos la arrogancia del propietario en territorio conquistado; quisiéramos que los campos que habitamos dejasen de ser dominios. La experiencia del borde resume así lo impensado mismo. Afirmar la ruptura; fugarse sin por eso arribar a ninguna parte. No el afuera, sino el entre. Podemos la autogestión; podemos lo que cualquiera puede. La proliferación de experiencias de autoorganización en los márgenes de la máquina-academia remite a una verificación en acto de la potencia común del intelecto; un indicio de otros modos de ser-en-común que escapan a la forma-mercancía. No se sabe de dónde vienen, pero vienen, se encuentran. La máquina procede consagrando separaciones, produciendo jerarquías; nada hay más peligroso para ésta que la confusión. Nosotras/os no queremos reparar en sus codificaciones; sabemos que esa puerta ha sido hecha para solicitarnos, mas nuestras miras apuntan hacia otra parte. Hemos nacido para contribuir a la confusión generalizada; queremos volvernos indistintos. Indistintos, no uniformes. Ante el muro de la normalización, quisiéramos abrir pasajes, grietas, poner en funcionamiento otras tantas máquinas contra el Estado. No consideramos nuestro pensamiento un ministerio, no buscamos impartir órdenes; queremos hacer experiencia de la potencia común del intelecto. Hemos querido nombrar aquello que hacemos como “investig/acción”, es decir, una investigación que se reconoce a sí misma acción. Un encuentro con el otro –en el que nosotras/os también nos encontramos-, un dejarnos afectar por la situación abierta. El nuestro es un taller de co-producción (de saberes disidentes en torno) de modalidades de vida urbanas. Envueltos en ellas, confundidos en ellas, hacemos experiencia, actualizamos, inventamos otros posibles. Ni un soliloquio, ni un coloquio, ni un paper. Polifonía de voces, resonancias múltiples –irreductibles a lo Uno-, recombinaciones, afinidades. Crear, pensar, delirar. Es pretencioso, lo sabemos. Pero también sabemos que la potencia del hacer/pensar común nos asiste. Nuestra apuesta es por la autoorganización del trabajo vivo, la cooperación y el apoyo mutuo. No sabemos cómo hacerlo. Para encontrar los modos hemos puesto a andar un co-laboratorio contra la privatización de la experiencia, un pensamiento sin buró central, una máquina delirante. Pero, ¿qué son todas estas etiquetas? No más consignas; se trata de dejar de repetir, reanudar el juego y así poder escuchar la música, derribar los muros. ¡Ah!, teníamos que contarles el por qué de un nombre… bueno, sencillamente, porque no hay jerarquía en la ignorancia.

Indisciplina urbana

¿Cómo confundirnos con los otros y sus saberes? Esta es la pregunta a la que buscamos inventarle, al menos precariamente, alguna que otra respuesta. Un año hace ya que le damos vueltas. ¿Cómo dejar atrás los cercamientos disciplinarios?, ¿cómo recombinar nuestros saberes con otras disciplinas?, pero también, ¿cómo producir desbordando las separaciones consagradas, trascendiendo la academia y su producción industrial de modos de ser –modos de ser que, sabemos, arrastramos en torno nuestro-? O lo que es lo mismo, ¿cómo producir indisciplinadamente? El pensamiento remite siempre a la apertura de problemas. A éste poco le importan las propiedades, nada sabe de cercos disciplinarios, se confunde fácilmente. Se trata de poner algo en común, y ya se puede echarlo a andar. No hay que privarse, para esto, de ir a ver qué pasa al lado. No confinarse; por el contrario, hay que ser impropios. Al encuentro con el otro emergen los saberes comunes, las afinidades, las complicidades. Ser libre significa no ser función. Tampoco disciplina. El pensamiento no observa límites. Es por esto que, al encuentro, nos hemos encontrado implicados, envueltos en la situación. A partir de allí comenzamos a pensar, incluso contra nosotras/os mismos. Nos sorprendimos al ver emerger la desmesura de la metrópolis urbana como un interrogante –y ya no como una propiedad-. Quisimos pensar la máquina y sus dispositivos específicos, y hasta incluso aquello que, al mirar, no se deja ver, es decir, que aparece como el puro medio del medio: la máquina mediática-espectacular. La metrópolis nos reclamaba, asimismo, pensar las subjetividades emergentes, aquello que resulta del encuentro de los cuerpos y dispositivos. Los modos de ser-en-común. Hay allí un conflicto latente, lucha, antagonismo. Y quisimos tomar parte, porque formábamos parte. Esgrimiendo algunos saberes menores, nos arrojamos a la tarea. Y compusimos algunos textos, algunas máquinas mutantes. Buscábamos algo en común y no un terreno que cercar. Y en el camino encontramos algunos cómplices. Decimos que queremos crear un urbanismo indisciplinado, aún cuando nada tenemos que ver con el urbanismo. Porque, al igual que cualquiera, podemos servirnos de él. En este cuadernillo abordamos algunas percepciones en torno a lo urbano que nos urgen poner en común. Son parte de una producción fragmentaria, que se quiere en situación, que se piensa envuelta en ella y con ella se produce, se altera y compone. Al pensarlas nos pensamos a nosotras/os mismos: de eso se trata la autonomía.

Nota: este texto pertenece a nuestra revista "pensar el espacio, resistir el desalojo". Se puede bajar acá o pedírnosla en formato papel a nodamoscatedra@gmail.com

No damos cátedra en la 12ª FLI(A)

Este sábado 5 y domingo 6, desde las 12 hasta las 22 hs., estaremos presentando nuestra revista, recién salida del horno, en la Feria del libro independiente y (a)

La 12ª FLI(A) se realizará en la Cooperativa Gráfica Patricios, recuperada por sus trabajadorxs.

La dirección es: Av. de Los Patricios 1941, Barrio de Barracas (C. A. B. A. )

Si no pueden acercarse hasta el barrio, acá les va en PDF.

Omnia sunt communia!

¡Lxs esperamos!

:: no damos cátedra ::

La justicia de los ilegales

La justicia de los ilegales

La Ley y la justicia en ocasiones se nos aparecen como si fueran dos cosas semejantes o, cuanto menos, correlativas entre sí: como si la función de la Ley fuera implantar justicia, o como si la justicia se expresara a través de la Ley. Sin embargo, más allá –o más acá- de las luces platónicas de la apariencia, las cosas resultan ser bastante distintas. La Ley no es más que un puro límite, frontera o línea que cruza por en medio de la calle, que franquea los campos y atraviesa nuestros cuerpos de-limitando lo legal de lo ilegal –de aquí la extrema preocupación de los legisladores por instituir leyes claras y precisas que permitan, en su prolija enunciación, erradicar el mayor vestigio posible de malentendidos y contradicciones.

A un mismo tiempo que de-limita, la Ley subjetiva: constituye en su de-limitación sujetos legales e ilegales. Unos y otros –aquellos que quedamos de un lado y del otro del límite que la Ley traza e impone- no somos sino los derrotados de las luchas en que, bajo el filo de la espada del Estado, fuimos vencidos y convencidos del deber de agachar la cabeza ante su letra, que también es espada y Ley y Estado: significante soberano.

Por el lado de la justicia, la situación resulta un tanto más confusa y compleja. Ésta no se presenta de manera tan clara, precisa y prolija. Ella se esconde vergonzosa bajo un manto de sombras que impide su justa designación. El filósofo francés Alain Badiou, en una conferencia dictada en el año 2004 en la ciudad de Rosario, sostenía que tal opacidad se debe a que “no hay testimonio de la justicia, nadie puede decir: `yo soy el justo`”. De este modo, la justicia se nos presenta como un campo abierto de disputas por la institución de su significación, mientras que la Ley, por el contrario, disputa su lugar en lo social como significante soberano e instituyente –pero instituyente (vale decirlo una vez más) de lo legal y lo ilegal, no de lo justo e injusto.

En tanto campo de disputa, la justicia nos exige tomemos posición frente a ella. ¿Qué pensamos de la justicia?, ¿qué es lo justo y qué lo injusto? Ello mismo se preguntaba Badiou en la conferencia arriba citada, y proponía como respuesta una definición políticamente activa de justicia. La justicia –nos decía- es “toda tentativa de luchar contra la esclavitud moderna, lo que significa luchar por otra concepción del hombre”, distinta a aquella que lo constituye en cuerpo que consume y sufre.

A partir de esta serie de sintéticas reflexiones, podríamos sin inconvenientes deducir que, si la Ley no se corresponde necesariamente con la justicia, bien puede suceder que se sancionen leyes injustas. Si desempolvamos rápidamente un poco la historia, podemos encontrar actos de injusticia en la sanción de leyes tales como las de Nüremberg en la Alemania Nazi, o las leyes de Aniquilamiento de la Subversión en la Argentina pre-dictatorial de Isabelita, o la Ley de Residencia elaborada por Miguel Cané bajo el gobierno democrático de Julio A. Roca.

Así también, podemos encontrar injusticias no tan evidentes –aunque no por ello menos significantes- en el veto injusto pero legal de la Ley de Emergencia Habitacional en diciembre de 2008 por el gobierno de Macri. Tal medida constituyó el puntapié inicial de un proceso aún abierto de desalojos compulsivos contra diversos espacios ocupados de la Ciudad de Buenos Aires, devenidos en centros culturales, huertas orgánicas, asambleas barriales, cooperativas de vivienda, fábricas recuperadas. La argumentación a dicho avance estatista fue que la ocupación de los espacios era ilegal y, por ende, sus ocupantes ilegales. Ante tal situación, la respuesta de los ilegales no se hizo esperar y rápidamente se organizaron para resistir a los desalojos.

Uno de los lugares que actualmente se encuentra bajo amenaza de desalojo es la Asamblea de Flores, ubicada en la intersección de la avenida Avellaneda y la calle Gavilán. Allí funciona un centro cultural en el que se dictan diversos talleres para vecinos del barrio, y una cooperativa de vivienda en la que viven treinta y cinco familias y más de cien personas. En un documental elaborado por activistas del espacio, uno de los jóvenes que vive allí sostiene que el lugar no es un espacio tomado u ocupado, sino recuperado.

Los verbos tomar y ocupar refieren a un acontecimiento que se impone desde el presente. El verbo recuperar, por el contrario, nos remite a un pasado que no es directamente asible, pero que resuena en su rememoración a un momento originario que permanece abierto: el momento de la justicia de aquellos que fueron vencidos y, tiempo después, hicieron del instante en que recuperaron el lugar que ahora ocupan (como diría Benjamin) su “chance revolucionaria”.

El espacio –en tanto pura territorialidad- es y fue, ante todo, espacio común de todos y de nadie, luego estatizado, privatizado y de-limitado con la sangre de los vencidos. Es este espacio originario aquel al que los activistas de la Asamblea de Flores hacen referencia cuando mencionan el verbo recuperar. A través de la recuperación como oportunidad revolucionaria, instituida por la Ley y el Estado como ilegal, los ocupantes –o, más bien, recuperantes- recuperaron el espacio del que alguna vez fueron excluidos –que no es otro que el espacio vital de su vivienda, de su trabajo, de su producción y su creación- y lo reconstruyeron como espacio de resistencia.

Casi cien años antes de la conferencia dictada por Badiou, el anarquista mexicano Ricardo Flores Magón sostenía que “el verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia. El hombre que ajusta sus actos a la Ley podrá ser, a lo sumo, un buen animal domesticado; pero no un revolucionario. (…) Por eso, los Revolucionarios tenemos que ser forzosamente ilegales. Tenemos que salirnos del camino trillado de los convencionalismos y abrir nuevas vías.” Estas palabras nos inducen a preguntarnos: acaso en este salirse del camino de los convencionalismos, ¿no se encuentra también aquella lucha contra la esclavitud moderna y por otra concepción del hombre propugnada por Badiou, así como también aquella recuperación ilegal del espacio llevada a cabo por los asambleístas de Flores? Si nuestra respuesta es afirmativa, entonces podríamos sostener que la verdadera justicia –la justicia originaria- no es la impartida por la Ley, sino, justamente, aquella que ésta busca aprisionar bajo la estigmatización de la ilegalidad: la justicia de los ilegales.

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Feria del libro independiente y (a) en la Asamblea de Flores, 24/10

Flia de emergencia, contra el desalojo del espacio recuperado por los vecinos de Flores.

La ciudad y los ciudadanos

La ciudad y los ciudadanos

Una de las nociones fundamentales que irrumpió en la academia para mediar entre los componentes del binomio Sociedad/Estado, y subsanar los vacíos teóricos que éste entraña[i], es la de ciudadanía, la cual alude al conjunto de derechos que el Estado le reconoce a los sujetos que subyuga. Para ser más precisos, habría que decir que el ciudadano es una figura indisociable del Estado-Nación moderno, así como el súbdito lo era respecto a los Estados feudales y las monarquías absolutas (y la cuestión de fondo siempre es la de la legitimidad de los distintos regímenes de dominación); por lo tanto, más que una irrupción, se trata de una renovada atención y debate en torno al concepto.

En una primera aproximación, digamos que la ciudadanía se construye -o se destruye (o de-construye)- en la medida que los sujetos van adquiriendo -o perdiendo- los derechos que el Estado le debe reconocer. Asimismo, se fortalece (o se debilita) en la medida que los ciudadanos ejercen (o no) los derechos adquiridos.

En una segunda aproximación, podemos distinguir dos niveles. Uno es el plano formal, abstracto, de los cuerpos legales y normativos que rigen, o intentan regir, la vida social. El otro es el plano concreto, en el que se puede constatar que las leyes no son sino letra muerta toda vez que no se cumple con ellas. Basta contrastar la Constitución Nacional con una ligera observación de nuestro alrededor, o incluso por lo difundido en la coyuntura actual por cualquier medio masivo de comunicación (aún los más reaccionarios, que actualmente, y a tono con las denuncias de la no menos reaccionaria Iglesia Católica, dan cuenta del incremento de la pobreza estructural en nuestro país) para poner en evidencia que los artículos de la Carta Magna no pasarían de ser más que el producto literario –con pomposas pretensiones políticas- de un puñado reducido de juristas.

Llevando estas discusiones al terreno de los conflictos que nos ocupan (de los cuales no se han hecho eco los medios masivos de comunicación), podría decirse a modo de ejemplo que la expropiación definitiva de IMPA, sancionada por la ley 2969/2008, es una conquista popular que se expresa tanto en el plano concreto como en el plano formal de la legalidad. Concreto, porque en los hechos los trabajadores ocuparon la fábrica y la pusieron en funcionamiento, reivindicando su derecho a trabajar contemplado por la Constitución Nacional. Formal, porque el sistema legal posteriormente se vio obligado –por la constante lucha, no exenta de conflictos internos, que supieron dar los trabajadores de IMPA- a reconocerles este derecho y a explicitarlo en una norma específica. Ahora bien, el escenario actual nos encuentra con la inminente declaración de inconstitucionalidad de dicha ley por parte del juez Héctor Hugo Vitale -el mismo que aplicó sin miramientos la ley de expropiación definitiva en la quiebra de Ghelco- tras lo cual ordenaría nuevamente el desalojo de la fábrica para su posterior remate. Según el comunicado de prensa que los propios trabajadores lanzaron el pasado 10 de agosto, la causa de este desalojo es un negociado inmobiliario que dejaría 6 millones de pesos a repartirse entre Vitale y Debenedetti, síndico de la quiebra.

Si éste desalojo tuviera lugar, es decir, si esta vez al juez Vitale se le ocurre hacer caso omiso de una ley sancionada por el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, podría inducirse que la lucha consagrada en el plano legal y administrativo carece de importancia; que no tiene sentido pelear por la sanción de una norma, como en su momento pelearon los trabajadores de IMPA y de otras empresas recuperadas, si más tarde aparecerán grupos con significativo poder económico e inclinarán las leyes a su favor (sobre todo si los jueces tienen un “sentido de la propiedad” hipertrofiado). Al lado del caso IMPA, hay innumerables casos concretos y particulares que dan cuenta de la violación sistemática de los derechos de las clases subalternas. Considerados en su conjunto, y por inducción, no es descabellado llegar a la peligrosa conclusión de que en el terreno legal no hay disputa que valga la pena.

Aquí no se pretende hacer una apología de la legalidad, sino de pensar por qué razones es necesario –si es que es necesario- seguir dando pelea también en ese ámbito. Una buena razón podría ser de índole discursiva. Y acá entramos de lleno en el plano de la disputa de sentido, de la lucha en el campo de lo ideológico, y sobre todo en la construcción de la imagen de sí mismos que los políticos le encargan a sus publicistas, y que difunden a través de los holdings mediáticos con la colaboración de sus periodistas adictos. Para exigir la obediencia al Estado, los defensores del “orden” (en todas las acepciones que este término soporta), son concientes de que les es posible avanzar sobre los derechos adquiridos de los gobernados siempre y cuando se esté actuando dentro de la ley. De no ser así, por ejemplo, entrarían en contradicción con aquel discurso que brega por la “calidad institucional” (este término, el último grito de la moda en la política marketinera, es un muy buen ejemplo de lo que, en la teoría discursiva de la ideología, Laclau denominó significante vacío). Este límite legal/discursivo, que en cada caso particular nos coloca a un lado u otro de la línea imaginaria que separa a los “honestos” de los “delincuentes”, es una de las tantas razones por las cuales Macri, a través de métodos más o menos groseros, se ve obligado a reformar el marco regulatorio con el que debe operar. Lo hizo al derogar, mediante el decreto 9/2009, la ley 2973, aquella que suspendía los desalojos de los inmuebles del GCBA mientras estuviese vigente la Emergencia Habitacional, la cual había sido prorrogada por la ley 2472/2007 hasta el 2010.

La próxima reforma ya no será por decreto, sino que –probablemente en aras de una mejor “calidad institucional”- el macrismo tendrá la delicadeza de impulsar una importante reforma judicial recurriendo a la Legislatura porteña, donde mantendrá una cómoda mayoría hasta el 10 de diciembre. El proyecto de ley, que iba a votarse en las primeras semanas de octubre[ii], por un lado faculta al GCBA para recusar un juez sin motivo alguno (eso sí, a uno sólo) cada vez que le llegue una causa. O sea, si el magistrado le ha fallado desfavorablemente en juicios anteriores, puede reclamar que el nuevo litigio quede en manos de otro juez. Por otro lado, y esto me parece lo más grave, establece que toda persona jurídica deberá ofrecer una contracautela como requisito previo a la presentación de un amparo judicial, es decir, deberá responder con un bien de su patrimonio por si el amparo no tiene lugar en el fallo del Tribunal. Para analizar este nuevo orden legal que pretenden imponer el PRO, y sus eventuales aliados, hay un caso relativamente reciente que pone en evidencia el retroceso que significará esta reforma para los sectores populares.

A principios de año, unas setecientas familias que ocupan inmuebles del GCBA ubicados sobre el tramo 5 de la traza de la ex autopista 3, fueron notificados respecto a un inminente desalojo administrativo (la ley 1408 ya había sido vetada por Macri en el 2008). Fue el indicio más claro, hasta entonces, de que éste gobierno está dispuesto a desplazar barrios enteros, y transformar a su antojo la demografía de la ciudad, a la par que concreta negociados con empresarios del sector inmobiliario. Si bien Macri ya había hecho públicas sus intenciones de erradicar villas (plan que no pudo concretar gracias a la resistencia de las organizaciones de las villas), ahora se les estaba intimando a miles de personas a que abandonaran una zona que comprende catorce manzanas dentro del barrio de Villa Urquiza. Cien de esas familias, lejos de resignarse, presentaron entonces sus respectivos amparos ante los Tribunales Contenciosos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y la jueza Elena Liberatori falló a favor de ellas. En su resolución, la Dra. Liberatori consideró que los desalojos no tenían como contrapartida una "vivienda digna", sino apenas un subsidio[iii].

Ahora bien, una vez concretada la reforma macrista ¿qué ocurriría ante un nuevo desalojo masivo que el GCBA decida llevar adelante, como el que se les notificó recientemente a las 27 familias que ocupan inmuebles sobre la Avenida Caseros al 1600/1800? En primer lugar, estas familias sin vivienda sólo podrían presentar un amparo si previamente ofrecieran un bien patrimonial como garantía (y si se ven obligados a ocupar un inmueble es de suponer que carecen de medios para alquilar una vivienda digna). En segundo lugar, suponiendo que los vecinos pudieran sortear este escollo iniciando un expediente para litigar sin gastos, si el caso recayera en manos de la jueza Liberatori -o cualquier otro magistrado con un historial de fallos desfavorables al GCBA (o mejor dicho, contrarios a medidas tales como los desalojos administrativos que no consideran la vulneración de derechos básicos como el de vivienda)- los mandatarios que dicen defender el patrimonio Estatal podrían recusar a esta jueza –reitero: sin dar motivo alguno- con la esperanza de que la causa vaya a parar a las manos de un juez al que le parezca correcto dejar, más tarde o más temprano, a varias familias en la calle. En este sentido, no está de más señalar que esta reforma judicial viene de la mano de la designación de Daniela Bruna Ugolini al frente del Tribunal Superior de Justicia: Ugolini tiene el record de fallos favorables a la gestión PRO.

Entonces, la segunda razón para no desatender la lucha en el terreno legal y administrativo, es precisa y redundantemente de carácter legal y administrativo. Y esta línea de acción no va en detrimento de la que comúnmente denominamos acción directa, ni significa abandonar aquellas históricas medidas de fuerza que las clases populares llevaron y llevan adelante por la construcción y defensa de su ciudadanía (tomas, piquetes, escraches, manifestaciones y movilizaciones…). De hecho, la presión que se ejerce con éstas medidas es determinante para que el Estado (ya sea a través de un juez, un legislador o un burócrata del ejecutivo) se decida o no a violentar los derechos de sus ciudadanos. Afortunadamente, esta separación entre los diversos tipos de acción, que aquí formulamos sólo a nivel analítico con intenciones de repensar la línea legal/administrativa, no aparece como tal en la realidad; y las clases populares, especialmente cuando se dan a sí mismas cierto grado de organización, no sólo saben muy bien cuando recurrir a una u otra línea de acción, sino que ponen en evidencia la unidad de la lucha cada vez que -en un piquete o un escrache- hacen saber a los demás ciudadanos -a través de pintadas, pancartas y volantes, y también a viva voz o con la ayuda de un megáfono- cuáles son los derechos que se les están negando, o dicho de otro modo, cuáles son las leyes fundamentales que violan los delincuentes de turno al mando del aparato estatal.

Notas:

[i] Para un recuento y clasificación de las distintas perspectivas que abordaron la relación entre Sociedad y Estado –y la insuficiencia teórica de aquel marco conceptual tradicional para explicar las políticas públicas que emergieron especialmente con el Estado de Bienestar- puede consultarse el realizado por Sonia Fleury en “La naturaleza del Estado capitalista y de las políticas públicas”, capítulo que abre Estado sin ciudadanos. Seguridad Social en América Latina (Lugar Editorial, Buenos Aires, 1997).

[ii] Según Página 12, uno de los pocos medios importantes de la prensa escrita que cubrió este tema (el absoluto silencio de Clarín y La Nación en relación a esta reforma judicial es por demás significativo, por no hablar de los medios electrónicos –radio y TV- que tampoco dieron a conocer estas informaciones de alta relevancia política y social), la ley comenzaba a discutirse en la legislatura en la semana del 5 de octubre. Parece ser que la reforma aún no se votó, ya que las últimas novedades publicadas al respecto se refieren a la conferencia de prensa convocada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil por la Igualdad y las Justicia (ACIJ) y otras organizaciones sociales, para exigir que no se lleve adelante esta reforma. Para una información más detallada de la cuestión, ver: “Un freno a los jueces que molestan” (Página 12, 30/05/2008), “Un límite macrista a la justicia” (Página 12, 24/09/2009), “Ugolini Jueza, sea como sea” (Página 12, 27/09/2009) y “Una reforma judicial con sello PRO” (Página 12, 28/09/2009), que al menos hasta el día 9 de octubre también podían encontrarse en la versión digital del diario.

[iii] Algunos aspectos a destacar del caso de la “ex AU3” son: a) en primer lugar el hecho de que buena parte de los vecinos que resistieron los desalojos se encontraban organizados desde hacía varios años, al punto tal de que obtuvieron dos leyes –la 324 y la 341- con las que se apuntaba a una solución definitiva a su problema habitacional, mediante una línea de créditos del IVC que tenían como objetivo la compra de los inmuebles por parte de los mismos ocupantes; b) el carácter extorsivo que caracterizó la oferta de por parte del GCBA, de acuerdo a las palabras de los propios vecinos; c) la campaña mediática de desprestigio hacia los ocupantes, quienes fueron tildados de delincuentes por parte del mismísimo Mauricio Macri, a raíz de la cual el jefe de gobierno fue denunciado ante el INADI. El caso del tramo 5 de la traza de la ex autopista 3 fue seguido por el periódico digital la politica online, de donde se recoge la información. Al día 5 de octubre podían encontrarse los siguientes links: uno, dos y tres.